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Recientemente se ha presentado para estudio del Congreso el “Proyecto de Ley de Garantía Mobiliarias”, basado en la ley modelo de garantías mobiliarias de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el cual tiene por objeto incorporar a la legislación nacional la posibilidad de gravar bienes muebles en garantía de obligaciones a contraerse. 

La finalidad que se persigue con el proyecto referido es la posibilidad de que los bienes muebles puedan ser utilizados como garantía de obligaciones contractuales, siguiendo de cierta manera el modelo de los derechos reales sobre inmuebles, regulado y previsto en nuestro ordenamiento positivo vigente. De aprobarse el proyecto de ley, los bienes muebles susceptibles de garantía, podrán ser dados en garantía del cumplimiento de una obligación propia o ajena, independientemente de su forma o de la figura jurídica utilizada, quedando comprendidos dentro de esta figura, a modo ejemplificativo, la prenda convencional, la prenda con registro, las operaciones con warrants, la venta con reserva de propiedad, el fideicomiso en garantía sobre bienes muebles, el leasing financiero o mercantil, las operaciones de factoraje y otras operaciones similares.

En cuanto a la forma de constitución de las garantías mobiliarias, éstas se instrumentarían en un acuerdo de garantía por escrito, siempre y cuando, el deudor garante tenga derechos sobre el bien que se ha de gravar o facultades para gravarlo, debiéndose indicar (a) el acreedor garantizado y el deudor garante; (b) la obligación garantizada; (c) el bien gravado y (d) el importe máximo por el cual podría ejecutarse la garantía mobiliaria. Asimismo, también se podrá estipular la constitución de una garantía mobiliaria sobre un bien futuro, cuya constitución quedará condicionada a que el deudor garante adquiera efectivamente los derechos sobre dicho bien o adquiera las facultades suficientes para gravarlo. El proyecto de ley es extenso en contenido, brindando información pormenorizada sobre las obligaciones a garantizarse, bienes mobiliarios susceptibles de garantía, monto de obligación garantizada, oponibilidad ante terceros, entre otros.

La virtud del proyecto de ley radica en que, de aprobarse el mismo, se ampliaría el abanico de alternativas disponibles de bienes que podrán ser utilizados para garantizar obligaciones. Varios sectores económicos se verán beneficiados con la posibilidad de utilizar bienes muebles como garantía crediticia, a modo de ejemplo, para generar nuevo capital, incrementando así su productividad, competitividad y crecimiento. Vemos que este proyecto de ley, de ser promulgado y sancionado, tendrá una especial contribución con las MIPYMES, las que por lo general no disponen de activos inmobiliarios para garantizar sus obligaciones, pudiendo de esta forma otorgar en garantía activos mobiliarios que componen su capital, como ser maquinarias, vehículos, cuentas por cobrar, entre otras. Atentos a las bondades que serían incorporadas al sistema jurídico de garantías en el Paraguay de aprobarse el proyecto de ley referido, no dudamos de que su impacto a nivel economía será provechoso no solo para MIPYMES, en todos los sectores económicos, sino para la población en general. 

Recientemente, el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Economista Juan Cantero Sienra, se refirió acerca de las oportunidades de inversión en el mercado financiero local. En ese sentido, indicó que el sistema financiero actual se encuentra compuesto por tan solo 17 bancos y 10 financieras, y que existe espacio para nuevos actores en el sector.

Este escenario reviste una significativa oportunidad para las entidades financieras extranjeras que cuenten con la experiencia suficiente para ingresar a dicho sistema ya que, según lo mencionado por el titular de la banca matriz, se requiere de una sólida trayectoria en el mercado además del capital social mínimo exigido.

Siguiendo los lineamientos del Banco Central del Paraguay, nuestra firma ha realizado un breve relevamiento de los puntos que consideramos podrían ser importantes para un eventual inversor extranjero:

1) Los bancos deben alcanzar un capital mínimo de G. 53.930 millones, en tanto que para las financieras este capital disminuye a G. 26.965 millones .

2) La solicitud de apertura debe ser dirigida a la Superintendencia de Bancos, de la mano de un promotor, incluyendo el borrador de estatutos sociales y el proyecto de inversión. Este último documento abarca puntos claves como las actividades a desarrollar, organigrama, sistemas internos de control y auditoría, nómina de accionistas, directorio y órgano de administración, entre otros .

En el Paraguay existen entidades instaladas con un track record de transacciones de relevancia para nuestro mercado. Entre ellas podemos citar al Citibank N.A. Sucursal Paraguay (1958), Sudameris Bank S.A.E.C.A. (1958), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. (1963) e incluso el Banco Itaú Paraguay S.A. (1978, bajo la denominación de Unibanco). Estas entidades han confiado en nuestro país, obteniendo importantes retornos en forma anual.

En lo que respecta al retorno sobre la inversión (ROE por sus siglas en inglés), las entidades en Paraguay registran interesantes ratios que promedian el 23,4% para los bancos comerciales . A modo comparativo, podemos indicar que el promedio de ROE de entidades financieras de mercados más desarrollados a nivel regional, como el brasilero (14,66%) y el chileno (17,87%), promedian por debajo de la media de las entidades paraguayas .

A pesar de ser una economía emergente, Paraguay ha desarrollado con los años una banca estable, altamente profesional, conservadora, predecible, pero con apertura a la innovación. Este desarrollo se ve reflejado en los indicadores de solidez del sistema, con una liquidez del 38,6%, rentabilidad del 23,4%, solvencia del 17,8% y morosidad del 2.6% .

El sector financiero en forma consolidada reporta depósitos por G. 63 billones y una cartera de créditos de G. 83.405 miles de millones. Estos créditos se concentran principalmente en los sectores de consumo (23%), comercio al por mayor (14%) y ganadería (13%) cuando se refieren a moneda local; mientras que afectan de mayor manera a la agricultura (31%) y a los agronegocios (11%) en moneda extranjera .

Adicionalmente, desde Berkemeyer observamos un clima propicio para operaciones de M&A en el sector financiero, a través de la compra de participaciones de entidades financieras locales, como también vemos que las condiciones están dadas para el desembarco de nuevos jugadores extranjeros.

Ha quedado en el tiempo el uso de los procesos concursales como institutos punitivos para el deudor insolvente. Al momento de su promulgación, la Ley N° 154/69 de Quiebras fue una de las más modernas de Latinoamérica. Sin embargo, a la fecha esta normativa no es muy utilizada y es que la idea de “castigar” al deudor por haber llegado a la insolvencia ha sido poco a poco abandonada. Los sistemas modernos de insolvencia buscan recuperar el negocio del deudor, reorganizar o reestructurar sus deudas antes de liquidar sus bienes, pues eso contribuye con el desarrollo de la economía ya que es preferible mantener un negocio o empresa que resultó viable, pese a los problemas financieros que el negocio o la empresa pudo haber tenido por el camino. Además, es preferible conservar puestos de trabajo, continuar pagando impuestos al Estado, recuperar un negocio factible y superar los obstáculos financieros antes de liquidar bienes para satisfacer a medias a acreedores. 

Lo cierto es que, hoy en día ante problemas financieros, el procedimiento de convocatoria de acreedores y el de quiebra consagrados en la Ley N° 154/69 no son considerados atractivos ni para los deudores ni para los acreedores de éstos, por lo que aplaudimos la iniciativa de la reforma concursal en el Paraguay. En efecto, se ha presentado al Congreso el “Proyecto de Ley de Resolución de la Insolvencia”, con el que se pretende conservar aquellas disposiciones efectivas de la ley vigente, pero a la vez, agregar a nuestro sistema concursal, toques de modernidad a través de la incorporación de novedosas instituciones.

Entre las incorporaciones novedosas, encontramos el acuerdo extrajudicial de reorganización, la conservación del negocio mediante la venta en marcha, la insolvencia transfronteriza y el modelo mixto de sindicatura. 

El acuerdo extrajudicial de reorganización es un paso previo a la convocación y permite al deudor en estado de insolvencia o con problemas económicos financieros acordar con la mayoría absoluta de sus acreedores que representen las dos terceras partes del capital computable, la reestructuración de sus deudas. El proyecto prevé la homologación de este acuerdo ante un juez y su homologación trae consigo los mismos efectos que un concordato homologado en una convocación de acreedores. 

Igualmente, como novedad, en el proceso de quiebra se incorpora la venta de bienes como unidad o la empresa en funcionamiento, lo cual permite una liquidación más eficiente. En algunos casos, resulta pues más práctico vender la unidad o la empresa misma antes que liquidar los activos de la misma por separado. Esta incorporación demuestra la tendencia que existe hacia la reorganización y recuperación de un negocio viable incluso en los casos de quiebra. 

Asimismo, se adopta la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta sección del proyecto busca básicamente regular la cooperación entre las autoridades paraguayas y las de estados extranjeros, crear un mecanismo que otorgue mayor seguridad jurídica al comercio y a las inversiones, garantizar la protección de los bienes del deudor y la optimización de su valor y proteger los intereses de los acreedores y las demás partes interesadas.  

Quizás una de las incorporaciones más esperadas es el sistema mixto de síndicos contemplado en el proyecto de ley. Actualmente, existen solamente seis agentes síndicos encargados de todos los procesos concursales del país. Esta insuficiencia también contribuye a que los procesos concursales sean una salida poco atractiva tanto para deudores como acreedores. Lo que busca este proyecto es que profesionales independientes graduados en derecho o ciencias económicas, contables o administrativas puedan ser designados como agentes síndicos, habilitando un registro o lista a cargo del Consejo de la Magistratura y la Sindicatura General de Quiebras al efecto, con una vigencia de cinco años. 

Lo interesante aquí es el procedimiento previsto para la selección y designación de síndicos en procesos concursales, que se hará mediante sorteo y el agente síndico que resultare designado no participará de futuros sorteos hasta que la lista se agotare, lo cual asegura una buena y equilibrada distribución de trabajo para los agentes síndicos.

Sin dudas estas incorporaciones fortalecen el régimen de insolvencia del país. Su promulgación podrá contribuir con el desarrollo de la economía y la atracción de nuevos negocios en el país.

BKM BERKEMEYER asesoró a la firma Bajaj, empresa de origen Indio, en la expansión de sus negocios hacia Paraguay, habiéndolos acompañado en el proceso de desembarco de sus productos al Paraguay, identificación y negociaciones con su socio estratégico local, asesoramiento en cuestiones regulatorias y en la estructuración legal y contractual del negocio en el país.   

El alcance del asesoramiento incluyó el análisis e interpretación de la normativa aplicable al negocio (Ley N° 4838 Política Automotriz Nacional PAN), enfocado especialmente en el tratamiento de las motos, aplicación de la Ley de Distribución (N° 194/93), que regula el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas y jurídicas domiciliadas en el Paraguay, identificación de riesgos legales y el due dilligence para la implementación del negocio. 

Asimismo, BKM intervino en la negociación y redacción del acuerdo de distribución con la firma local Asunción Motor Sport S.A. (AMS), integrante del grupo JBB. 

Dicho asesoramiento se llevó a cabo en conjunto con una firma consultora argentina, First Corporate Finance Advisors S.A., dedicada a la prestación de servicios corporativos y financieros.

Según las manifestaciones recientemente publicadas del Ing. José Ayala, gerente general de AMS SA, la marca Bajaj cuenta con una amplia trayectoria de experiencia trabajando para obtener tecnología de alta gama, entregando un producto de calidad, bajo estándares de seguridad e innovación, a precios competitivos a nivel global. [1]

Trabajaron en la asesoría los Dres. Jorge Figueredo Klein y Martín Carlevaro, socios de BKM.

[1] http://economiavirtual.com.py/web/pagina-general.php?codigo=21201

El Ministerio de Hacienda presentó la semana al sector privado, el proyecto de ley sobre reforma tributaria el cual prevé una serie de modificaciones, entre las cuales pretende extender el alcance del impuesto a la renta personal (IRP) a las rentas obtenidas por los contribuyentes en el exterior. De esta forma ya no se verían gravadas solamente las rentas de fuente paraguaya, sino también ciertas rentas generadas fuera del país, incluyendo la unificación de la tasa al 10%. 

Otro de los puntos previstos es la división de la renta personal en tres categorías (i) El denominado Impuesto a la distribución de dividendos (IDI), (ii) Impuesto a la Renta Personal (IRPSP) por servicios personales profesionales o no (10%), y (iii) Impuesto a la Renta Personal (IRPGC) a la ganancia capital y/o incrementos patrimoniales (10%). Estas tres categorías se liquidarían por separado sin posibilidad de compensación de pérdidas entre sí.
En cuanto al impuesto a la renta de las actividades comerciales (IRACIS) y el Impuesto a la renta agropecuaria (IRAGRO), la reforma pretende fusionar dichos impuestos bajo la figura del “Impuesto a la Renta Empresarial” (IRE), que gravaría la renta proveniente de actividades comerciales, industriales, de servicios no personales y agropecuarias, y en general, todo tipo de ganancias, beneficios e incrementos patrimoniales que obtenga un contribuyente, salvo las que se encuentren expresamente exonerados, con una tasa general proyectada del 10%.

Asimismo, se pretende la creación de un nuevo impuesto denominado “Impuesto a la Distribución de Dividendos” (IDI), el cual tiene por objeto gravar los dividendos, excedentes o rendimientos netos puestos a disposición o pagados de socios o accionistas de Sociedades, Cooperativas o Entidades Privadas de cualquier naturaleza de los contribuyentes, a una tasa del 8% para los residentes y de una tasa del 15% para los no residentes.
De esta manera, se eleva la tasa adicional por distribución de utilidades del 5% al 8% en el caso de socios residentes en el Paraguay y dispone una disminución de la carga impositiva para el socio no residente, que pagaría solamente la tasa del 15% (actualmente gravado al 5% + 15%).

Para el caso de las personas físicas residentes este pago que sería vía retención constituye un pago único y definitivo no computable en el impuesto a la renta personal; sin embargo, para el caso de las personas jurídicas el impuesto computable bajo un método de crédito a fin de evitar doble imposición.

Nótese que este aumento de la tasa por distribución de dividendos para el contribuyente local del IRACIS es del 3% y para el contribuyente del IRAGRO es del 8%.

Cabe tener en cuenta que la tributación de las sociedades y de las personas físicas no residentes, es separada del IRACIS y del IRP, por obtención de rentas de fuente paraguaya; estableciéndose rentas netas presuntas que varían entre el 30% y el 100% del importe bruto pagado, con una tasa del 15%.

Finalmente, es importante señalar que, el sector privado solicitó 3 (tres) semanas de tiempo para analizar y dar su opinión sobre el proyecto, teniendo en cuenta que la redacción final fue recibida por los principales líderes gremiales, y aún debe internalizarse en cada gremio.