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De repente, los negocios fiduciarios!

La promulgación de varias leyes en el 2013 ha producido un auge en la utilización de la figura del fideicomiso.

A pesar que la Ley de Negocios Fiduciarios data de 1996, en los últimos meses, se ha vuelto a hablar del fideicomiso en un ámbito más extenso que en el ámbito bancario, su natural ambiente de aplicación.

Esta circunstancia se debe a que la Ley N° 5102/2013, De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado (Ley APP) y la Resolución N° 6, aprobada por el Directorio del BCP, según Acta 18 del 13 de marzo de 2014, que reglamenta los medios de pago electrónicos, introducen este esquema negocial dentro de sus respectivas áreas de competencia y es fácil saber los motivos: el fideicomiso es un negocio seguro y ágil, que protege los bienes fideicomisitos de manera férrea.

Es importante recordar que el negocio fiduciario podría conllevar la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomisitos o no y que pueden ser objeto del negocio fiduciario toda clase de bienes o derechos cuya entrega no esté prohibida por la ley.

La celebración y perfeccionamiento de los negocios fiduciarios se realizará de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomisitos, por lo que no siempre se requerirá de la escritura pública.

Lo que le hace muy rentable al fideicomiso se refiere a los bienes fideicomisitos y los que los sustituyan, puesto que ellos no pertenecen a la prenda común de los acreedores del fiduciario ni a la masa de bienes de su liquidación. Dichos bienes únicamente garantizan las obligaciones contraídas por el fiduciario para el cumplimiento de la finalidad señalada por el fideicomitente en el acto constitutivo; por consiguiente, en desarrollo de su actividad de gestión, el fiduciario deberá expresar siempre la calidad en la cual actúa.

Es decir, que, para todos los efectos legales, en el fideicomiso, la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomisitos da lugar a la formación de un patrimonio autónomo o especial, el cual queda afectado al cumplimiento de la finalidad señalada por el fideicomitente en el acto constitutivo.

Los bienes que conforman el patrimonio autónomo o especial no podrán ser perseguidos judicialmente por los acreedores del fideicomitente. 

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