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Discrepancias en la indemnización bajo una ley de distribución extremadamente proteccionista

El reciente caso COPETROL S.A. vs. ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L es un ejemplo más del carácter proteccionista de la ley de representación y distribución en el Paraguay estableciendo una indemnización con un criterio diferente.

Como es bien sabido, la Ley 194/93 que establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre fabricantes y firmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay, es considerada una ley sobre protectora con respecto a la persona domiciliada en el territorio paraguayo. Así también, es sabido que la jurisprudencia relacionada a la citada ley es contradictoria no existiendo fallos uniformes de los tribunales sobre todo en lo que respecta al cálculo de indemnizaciones debidas por las empresas extranjeras.

Es así que debido a las distintas interpretaciones existentes y realizadas por los tribunales a la hora del calcular las indemnizaciones; un reciente fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 7mo Turno en el juicio COPETROL vs. ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., tomó como base lo establecido por el Decreto 7/91 el cual fuera aprobado con modificaciones por la Ley 194/93 a fin de fijar el monto indemnizatorio debido por la empresa extranjera.

Uno de los varios factores interesantes en este caso particular es que en ningún momento ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. (empresa extranjera) desconoció la existencia de la relación comercial con COPETROL S.A., es más reconoció expresamente que la relación entre las partes fue de 21 años. Con ello, obviamente el Juzgador no tuvo necesidad de resolver sobre esta cuestión. Es más, ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. presentó con anterioridad a este juicio una acción puramente declarativa a fin de establecer el quantum indemnizatorio debido a la terminación de la relación entre las partes; siendo resuelta esta acción al mismo tiempo de resolver la demanda arriba mencionada presentada por COPETROL S.A.

Lo reclamado por COPETROL S.A. en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios derivados de la cancelación sin justa causa de la relación contractual fueron los siguientes rubros: 1) indemnización de acuerdo a lo establecido por la Ley 194/93, 2) daño emergente por despido de personal, 3) re compra de stock y; 4) indemnización por lucro cesante.

Con respecto al punto 1 “indemnización de acuerdo a lo establecido por la Ley 194/93, el Juez estableció la utilización del coeficiente 5 establecido en el Decreto 7/91 basándose en que si bien la Ley 194/93 establece el cálculo para una indemnización mínima basada en el promedio de las utilidades brutas de los últimos tres años y el tiempo de duración de la relación en escala ascendiente; se debe fijar una indemnización justa atendiendo a los 21 años de relación.

Así también basándose de igual manera en las pautas mínimas de la Ley para fijar la indemnización, el juez hizo lugar a la indemnización  laboral. Se hizo lugar también a la re compra de stock de conformidad a lo establecido en la citada ley. Sin embargo, con respecto al lucro cesante, el Juez consideró que el mismo se encuentra incluido dentro de la indemnización y que la ley no hace distinción entre daño emergente y lucro cesante. Por último, el Juzgado impuso el pago de intereses en forma retroactiva e impuso las costas a ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L.

En síntesis, al momento de establecer el cálculo de indemnización en una demanda no existe certeza ya que como hemos mencionado existen varias interpretaciones y, además de tener en cuenta la duración de la relación y el promedio de las utilidades brutas durante los tres últimos años de la distribución, algunos jueces toman en cuenta otros factores, (contingencias laborales, lucro cesante, etc.). Pero, gran parte de la contradicción surge al aplicar el coeficiente atendiendo a la duración de la relación comercial.

Debido a esta diversidad de criterios en cuanto a la forma de calcular la indemnización, se deben establecer pautas claras en la normativa legal vigente a fin de contar con una  jurisprudencia uniforme. 

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