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Aquello que el Tribunal Europeo condenó, es válido en la Ley Paraguaya de Comercio Electrónico

La ley paraguaya establece el deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas, obligando a los proveedores de servicios de intermediación y a los proveedores de servicios de alojamiento de datos, al almacenamiento de datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio, por un período mínimo de 6 (seis) meses, mientras que para el Tribunal Europeo, los datos que habían de conservarse, según la normativa declarada inválida, podían proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia, los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados.

La noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) acababa de declarar inválida –debido a una cuestión de prejudicialidad interpuesta por un Tribunal irlandés y otro, austríaco- la Directiva comunitaria de 2006 sobre la conservación de datos, por considerar que constituía una injerencia de gran magnitud y especial gravedad, puso de manifiesto, una vez más, la escuálida protección de los datos personales imperante en la Ley Paraguaya 4868/2013, de Comercio Electrónico.

La ley paraguaya establece el deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas, obligando a los proveedores de servicios de intermediación y a los proveedores de servicios de alojamiento de datos, al almacenamiento de datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio, por un período mínimo de 6 (seis) meses.

La normativa comunitaria declarada inválida hacía referencia a la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y su objetivo era garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como la delincuencia organizada y el terrorismo, estableciendo que los proveedores deberían conservar los datos de tráfico y de localización así como los necesarios para identificar al usuario, pero no autorizaba la conservación del contenido de la comunicación ni de la información consultada.

Pero, para el Tribunal Europeo, los datos que habían de conservarse podían proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia, los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados.

Aunque la posible transmisión de esos datos a las autoridades nacionales competentes responda a un objetivo de interés general (lucha contra la delincuencia grave y seguridad pública), el Tribunal estimó que la Directiva había sobrepasado los límites que exige el respeto del principio de proporcionalidad y que la normativa no fijaba ningún criterio objetivo que garantizara el acceso exclusivo por parte de las autoridades nacionales competentes a esos datos.

Para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley paraguaya, los datos serán almacenados únicamente a los efectos de facilitar la localización del equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información, sin especificar en el territorio de qué Estado podría realizarse este almacenamiento.

Los proveedores de servicios de alojamiento de datos deberán almacenar sólo aquéllos datos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. Los datos almacenados no podrán utilizarse para fines distintos a los permitidos por ley, debiendo adoptarse medidas de seguridad apropiadas para evitar su pérdida, alteración o accesos no autorizados.

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