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Ley de APP permite usar fondos del FONACIDE en proyectos de inversión

Uno de los aspectos poco conocidos de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) es que en su artículo Nº 12 señala que el 7% de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) –destinados a programas o proyectos de infraestructura– podrán ser utilizados bajo la modalidad de las APP para proyectos a ser desarrollados específicamente en Asunción y ciudades del área metropolitana.

Como antecedente la Ley Nº 4758/12 del Fonacide se establece que un 28% del total de sus recursos deben ser utilizados en proyectos o programas destinados a promover la infraestructura.

En el mismo artículo Nº 12 de la Ley de APP se señala el pago de un 2%, en concepto de aportes ofrecidos por el oferente (empresa) a la Administración Contratante del Estado, que iría destinado a gobiernos departamentales y municipios que se vean afectados por un proyecto con participación público-privado.

Este pago no es obligatorio, pero puede estar presente en el pliego del contrato entre la empresa y la Administración Contratante. El sistema de adjudicación de licitación tiene como uno de los factores que ayudan a mejorar la puntuación de los oferentes este punto referente a los pagos al contratante, es decir, el Estado.

Por otro lado, el artículo 15 de la ley señala que la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada, deberá presentar anualmente un informe al poder Ejecutivo, Legislativo y la Contraloría General de la República. En este informe se deberá detallar los mecanismos y acciones de transparencia en cada uno de los proyectos, incluyendo resultados e indicadores de verificación, que también deberán estar a disposición de la ciudadanía al ser publicado en un sitio electrónico oficial que se determine en la reglamentación.

Además, cabe destacar que las empresas adjudicadas para desarrollar un proyecto, deberán obligatoriamente constituir una Sociedad Anónima, con quien se celebrará el contrato de participación público-privado de la que el oferente será el accionista mayoritario en el porcentaje establecido en la reglamentación.

Estos acuerdos, no podrán exceder los 30 años incluida las prórrogas, y podrán ser suspendidos o incluso quedar extinguidos por la Administración Contratante, en caso que la empresa incumpla con algún punto del contrato o se vea imposibilitado a seguir prestando el servicio.

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